05 noviembre 2017

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA MEMORIA DEMOCRÁTICA?




El pasado 30 de octubre asistí a la décima reunión de la Comisión Municipal de Memoria Histórica de Quart de Poblet, y en la que se trataron dos cuestiones fundamentales para responder a la pregunta que titula este texto.
  1. Se informó y trató la investigación, realizada por los asesores técnicos de la Comisión en el Archivo General e Histórico de Defensa en Madrid, sobre la documentación referida a la represión franquista de vecinos de Quart, de acuerdo con la propuesta presentada por mi parte en su día, y con el objeto de hacer posible la creación del archivo de la memoria de Quart de Poblet acordado en el Pleno de julio de 2015. La investigación realizada, y de la que se entrega el correspondiente informe, ha permitido en esta primera fase  consultar 18 de los 26 sumarios instruidos por la justicia militar franquista contra vecinos de Quart. La importancia del conocimiento histórico obtenido, de documentación hasta hoy en gran parte desconocida, es fundamental, y permite considerar y seleccionar la que debe ser digitalizada para futura disposición de familiares y estudiosos. Aún quedando pendiente poder completar la investigación se manifiesta la satisfacción de los investigadores y del conjunto de la Comisión por la tarea realizada.
  2. Se informó y sometió por la alcaldesa a consideración de la Comisión la posibilidad de localizar los restos de vecinos de Quart fusilados en Paterna por el franquismo, y que actualmente están enterrados en fosas comunes del cementerio de esa localidad. Se acuerda abrir vías de investigación y localización de dichos restos, así como establecer contacto con los familiares afectados.

En relación con lo expuesto, y para mejor entender su importancia, considero imprescindible para lo historiográfico y lo político teorizar por mi parte sobre los significados que contiene esa función social de la historia que llamamos “memoria histórica”. La perspectiva local, la historia de las personas comunes, la micro historia que pretendo no desmerece la conceptualización que se aporta.

Mi reiterada y conocida definición de la memoria histórica como uso político del conocimiento público de la historia ayuda a comprender el sentido y función de la tarea, y obliga al menos a grandes rasgos a hacer historia de nuestra memoria histórica reciente:

Su origen debe situarse en las iniciativas de muchos de los ayuntamientos elegidos el 3 de abril de 1979, que por voluntad política y sin imperativo legal eliminaron los signos más evidentes y notorios de la intensiva y numerosa memoria histórica impuesta por el franquismo durante 40 años. Es conocida la dificultad y controversia que supuso en Valencia capital retirar un 9 de septiembre de 1983, la estatua ecuestre de Franco de la plaza del País Valenciano. 

Después de esa primera etapa, durante la década de los 80, salvo contadas excepciones, no se hablaba de memoria histórica. No lo hacía la Universidad, ni la sociedad, ni tampoco las instituciones. Se había instaurado en favor del manido consenso, pero también como consecuencia de éste, un pacto de silencio o “tabla rasa”, que no obstante en la década siguiente la sociedad civil y algunas organizaciones políticas minoritarias consiguieron progresivamente revertir, pese a las reticencias y resistencias de significados sectores políticos y sociales. 

En los últimos años del siglo pasado se hicieron muy visibles iniciativas individuales y colectivas en favor de recuperar una memoria perdida: la memoria de la democracia republicana, primero silenciada a la fuerza por el franquismo, y después por el consenso de la Transición. A esa etapa la podemos llamar de “Recuperación”.

La aprobación en 2007 de la llamada “Ley de Memoria Histórica”, aun con sus carencias y ausencias marca el inicio de una nueva etapa, que podemos llamar “institucional”, en la que ahora sí, la eliminación de la persistente memoria franquista contaba con el respaldo del imperativo legal. Los efectos presupuestarios de la crisis económica y/o la falta de voluntad de los gobiernos del Partido Popular paralizaron proyectos institucionales y dificultaron las iniciativas sociales. 

Aunque alrededor de los partidos políticos de izquierda ya se habían creado organizaciones memorialistas, su empeño en favor de una legítima y necesaria “memoria de parte” seguía siendo incapaz de obtener el consenso general. No obstante, la eclosión de iniciativas transversales en ámbitos locales y sectoriales anunciaba un punto de inflexión, que en sintonía con los cambios derivados de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 define una nueva etapa que cuenta con el amparo legal, el soporte institucional y un creciente apoyo social. 

La aprobación este octubre de 2017 de la llamada “Ley de memoria valenciana”,  y que como el propio texto apellida debe ser “democrática”, arrastra no obstante errores y desencuentros que es imprescindible corregir. El voto contrario del PP, y la abstención de Ciudadanos a la referida ley contrasta con la unanimidad que por ejemplo a nivel local esos mismos partidos han permitido lograr en lo relativo a la gestión del uso político del conocimiento público de nuestra historia reciente. 

No solo es el llamado substrato sociológico franquista el que en determinados ámbitos impide el consenso sobre la gestión de la memoria histórica; es la falta de entendimiento sobre la propia naturaleza de la cuestión, que debe considerarse “de Estado” en tanto en cuanto es un paradigma para el pensamiento político que una sociedad democrática debe ineludible poseer; es también, responsabilidad del resto de partidos obtener la unanimidad superando la “memoria de parte” que en su momento y en sus circunstancias permitió recuperar la memoria perdida, pero que hoy no puede conformarse con ser “de partido”.

El uso político del conocimiento público de la historia que pretendemos debe servir para poner en valor los derechos y libertades y valores que pretendemos, y por tanto explicando los hechos históricos, condenar sin excepción la violencia política practicada por el régimen franquista, pero también, aunque fueran honradas por éste, la sufrida por las víctimas de la llamada represión popular republicana. 

En Quart de Poblet, la voluntad política de los partidos, y el asesoramiento técnico de los historiadores requeridos por éstos, ha permitido un consenso ejemplar que considero se debe exportar a otros ámbitos. Las disputas políticas y las controversias historiográficas son necesarias, y los intereses electorales legítimos, pero la construcción de una memoria democrática es fundamental para el sistema político. 

La sociedad civil, los partidos, las instituciones y los historiadores son los actores de esta tarea común. 

Pedro Gascón.